Por Gustavo Insaurralde
El 05 de junio de 2015, el ministro de Planificación Julio de Vido encabezó el cierre del Plenario Anual del Grupo de Países Proveedores Nucleares (NSG, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Bariloche. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados con el control del comercio nuclear. La reunión contó con la presencia de 200 delegados entre funcionarios gubernamentales, diplomáticos y expertos nucleares de los países miembros. La proliferación nuclear es un tema de constante relevancia en la agenda internacional, posiblemente como resultado de su potencialidad tanto disuasiva como de destrucción. Con la voluntad de llevar un férreo control sobre las tecnologías nucleares después del bombardeo a Hiroshima, Estados Unidos se abocó a crear una serie de reglas para limitar el uso de la energía nuclear, constriñéndola a usos meramente pacíficos. Para lograr este acometido surgieron diversos organismos que intentaron integrar a la mayor cantidad de países bajo esta lógica. Así surgieron el Tratado Limitado de Prohibición de Pruebas (TLPP), firmado en 1963; la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), creada en 1957 y el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de 1968. Asimismo, y como corleado regional, el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe de 1969, más conocido como Tratado de Tlatelolco. Entre estas organizaciones se encuentra el Grupo de Suministradores Nucleares. Nacido después de una prueba nuclear india en 1975, este grupo tiene una serie común de reglas que limitan la proliferación. Entre estas medidas se pueden nombrar la conformación de arreglos de estricta seguridad para los acuerdos de exportación nuclear y la “restricción” para la exportación de tecnología calificada como peligrosa (Gardner, 1994). Actualmente Argentina forma parte de este tipo de régimen, pero no siempre fue así. Cuando nuestro país inició su programa nuclear, lo hizo con el firme objetivo de contar con un elemento de poder que ayudara al desarrollo industrial y tecnológico del país (Sheinin, 2005). Por esta razón y más allá de los devaneos gubernamentales, el organismo encargado de los temas nucleares, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ha podido continuar su labor de manera autónoma, recibiendo grandes dotaciones de presupuesto, debido principalmente a la importancia que los sectores militares le daban a la industria militar (Vera y Colombo, 2011). Internacionalmente esto se tradujo en una mayor autonomía y una lucha por el liderazgo regional, cuyo contendiente principal era Brasil. No obstante, Brasil formó parte del impulso en el cambio de la política nuclear argentina. Después de años de sospechas mutuas, en 1980 se firmó un acuerdo de entendimiento en materia de usos pacíficos de la energía atómica. Con los subsiguientes gobiernos, especialmente con el de Carlos Menem (1989-1999), se profundizó la inserción argentina en el régimen internacional de no proliferación, ratificando el TNP y el Tratado de Tlatelolco. Por otra parte, con el advenimiento del kirchnerismo, la Argentina ha apostado a la energía nuclear como fuente alternativa de producción energética. Esta decisión se vincula a la crisis del sector energético y la necesidad de suplir el abastecimiento que depende cada vez más de la importación de combustibles convencionales. Por todo ello, las acciones argentinas en el NSG se adscriben a la política de inserción en el régimen internacional de no proliferación, donde la política nuclear parece demostrar la voluntad argentina para contribuir a la cooperación, al desarrollo pacífico y a la búsqueda de diversificación de las matrices energéticas.