Por Gustavo Insaurralde
Después de una semana de intensas lluvias, muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires fueron anegadas por el gran torrente de agua que se acumulaba en las calles. El hecho de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli se encontrara en Italia en una visita extraoficial generó cierto estupor en los ciudadanos bonaerenses. Cuando salió a defender su visita, y de cierta forma respondiendo a ciertos críticos de la oposición, mencionó que su único rival en las elecciones era el cambio climático.
La mención de este tema resulta, por lo menos, interesante ya que no se encuentra en ninguna de las plataformas electorales de los principales candidatos a presidente.
El cambio climático y los temas ambientales forman parte de un régimen internacional nutrido de una larga historia de disonancia entre actores preponderantes y países en desarrollo. Dadas las características internacionales de Argentina, nuestro país se presenta como una potencia media, con emisiones moderadas de gases de efecto invernadero (0,88% de las emisiones totales a valores 2012) aunque con una participación per capita más significativa del orden del 8,23/9,86 tCO2e (sin considerar o considerando el uso de la tierra, el cambio en el uso de la tierra y la silvicultura) teniendo en cuenta que la media es de 6,36/6,76 tCO2e. El análisis de los resultados de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, recientemente presentada denota que el sector energético sigue siendo responsable por la generación de más del 40% de las emisiones en la Argentina. Con lo cual, uno de los principales problemas a resolver es la matriz energética anclada en la quema de combustibles fósiles (Bueno, 2012, 2015).
La posición argentina con respecto al régimen internacional está vinculada al grupo negociador de países en desarrollo, “Like Minded Developing Countries” (LMDC), quienes pregonan que los principios, provisiones y estructura binaria de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) sigue vigente. Esto significa que los países desarrollados tienen la responsabilidad histórica de haber ocasionado el cambio climático y deben responder a esta responsabilidad con una rápida reducción de emisiones y con la provisión de medios de implementación para que los países en desarrollo puedan reducir sus emisiones y fundamentalmente adaptarse a sus efectos. Con lo cual, el grupo LMDC considera que la división del mundo entre países desarrollados con obligaciones de reducción de emisiones y de otorgar medios de implementación, por un lado, y de países en desarrollo sin obligaciones en materia de reducción de emisiones, sigue vigente.
Esta posición no siempre fue el curso de acción internacional climático internacional de nuestro país. Durante la administración Menem, la política nacional ambiental respondió en mayor medida a las necesidades del alineamiento automático o de aquiescencia pragmática (Rusell y Tokatlian, 2013), en donde los intereses nacionales se plegaban a las necesidades del hegemón, Estados Unidos, para poder insertarse de una forma más solvente en el sistema internacional. Como consecuencia, la posición climática internacional argentina estuvo más vinculada a la de los países desarrollados. En otras palabras, la posición de imponer obligaciones climáticas para todos los estados. Incluso, la Argentina se autoimpuso un compromiso voluntario de reducción de emisiones a fines de los noventa y con motivo de oficiar como anfitriona de una Conferencia de las Partes de la Convención Marco.
En las siguientes administraciones, la política ambiental siguió un derrotero más bien acotado. El parteaguas llegó con la Crisis de las Pasteras en 2007, donde Kirchner puso en el cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a Romina Picolotti, abogada de ONGs vinculadas con el conflicto. No obstante, Picolotti fue desvinculada del cargo y, con ella, la secretaría focalizó su acción en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Esta posición intenta desvincular temas ambientales con asuntos productivos, como la minería (Gutiérrez e Isuani, 2013).
De esta manera, coincidimos con Gutiérrez e Isuani (2013), quienes plantean que la política ambiental responde a coyunturas externas e internas más que a necesidades políticas estratégicas. En materia climática y en el plano internacional, Argentina ha tendido a acotar su universo de acción al curso defendido por otros actores de envergadura, antes Estados Unidos, hoy China e India.
Así la mención de Scioli del cambio climático como factor causal de las inundaciones puede resultar en el puntapié inicial para un intercambio provechoso en el plano doméstico respecto a la mitigación y adaptación frente al cambio climático, lo cual resultaría en una mayor solidez de las posiciones negociadoras, muchos mas en vistas a la firma de un nuevo acuerdo climático a fin de año.