Por Gustavo Insaurralde
En esta intensa semana, la administración macrista ha participado en diversos foros globales y ha realizado acciones con gran impronta internacional. De esta manera, se ha anunciado la finalización del default con el pago a los holdouts, se ha plasmado la posición argentina de cara a la política global de drogas –con una mención de la propia Canciller de lo acontecido en la tragedia de Time Warp en Costa Salguero- y la firma de la COP21, el acuerdo climático con carácter global negociado a finales del año pasado.
De alguna manera, cada uno de estos acontecimientos está relacionado a la conformación y la adaptación argentina de un régimen internacional. Un régimen internacional es un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos decisionales en torno a los cuales convergen las expectativas de los actores, mientras se auto-circunscriben. Temas como drogas, derechos humanos o cambio climático son regímenes internacionales. (Ruggie, 1983; Kraszner, 1983)
Tomemos la política de drogas como caso paradigmático. La posición punitiva de drogas forma parte de la Guerra contra las Drogas que Estados Unidos estableció a principio de la década de los 70 con el objetivo de punir a los consumidores de drogas, mientras se encarnizaba una lucha contra los narcotraficantes. Pasados 40 años del inicio de esta guerra y en la última UNGASS (United Nations General Assembly Special Session), países como México y Colombia, quienes han vivido más de cerca las consecuencias sociales de la guerra contra las drogas, ha clamado por un cambio de paradigma en este tema, especialmente para liberalización del consumo de estupefacientes y el control estatal sobre ellos. El documento final pretende al largo plazo una paulatina liberalización de la guerra, pero no realiza una modificación integral a la mirada punitiva. Dentro de estos debates, Argentina ha presentado una posición confusa que mezcla la aproximación hacia los consumidores bajo la égida de los derechos humanos sin renunciar a la posición punitiva defendida por estados importantes del sistema internacional como Estados Unidos, China y Rusia.
La política de drogas y la adaptación argentina al régimen internacional es crucial porque la lucha contra el narcotráfico es uno de los tres objetivos domésticos definidos por la PEA macrista.
Teniendo en cuenta esto, es menester preguntarse por qué algunos regímenes prosperan y otros no. Para la teoría de la estabilidad hegemónica (Keohane, 1988; Gilpin, 1987), los regímenes internacionales funcionan cuando ordenan la actuación de los estados bajo los intereses de sus miembros más poderosos. Eso explicaría, en parte, la razón por la cual la administración macrista aprehendió el régimen de cambio climático de la COP21, cuyos detractores consideran que resulta poco ambicioso (como Ségolène Royal, ministra de Ecología de Francia, el presidente de Oxfam o la agencia Bloomberg) y que no hace hincapié en los países históricamente responsables, pero desestimó lo realizado por la administración anterior en materia de reestructuración de deudas soberanas y decidió sucumbir a la presión de los holdouts.
En última instancia, la experiencia argentina prueba que los regímenes internacionales ordenan la actuación, al menos global, de las unidades nacionales y los hacen actuar de acuerdo a los intereses de sus miembros más poderosos. En efecto, esto conlleva modificaciones institucionales -la creación de Ministerio de Medio Ambiente y la construcción de un gabinete coordinador es un ejemplo claro- e ideológicas -la querella entre la posición punitiva o liberalizadora en materia de drogas a nivel doméstico- que son imposibles de ignorar.