Por Gustavo Insaurralde
La primera visita que realizó Macri como presidente fue a Dilma Rousseff. Más allá de la connotación simbólica, este gesto denota la posición estratégica que Brasil representa para la política exterior argentina. No sólo a nivel económico, sino a nivel político y a nivel sistémico, ya que desde el Mercosur se plantean las diversas estrategias de inserción internacional, especialmente con otros bloques regionales.
Como consecuencia de este grado de centralidad, la comunidad epistémica argentina debatió los alcances de legalidad y legitimidad del impeachment a Dilma Rousseff. Malamud (2016) consideró que el juicio político fue legal, especialmente porque sigue los dictámenes constitucionales refrendados por la Corte Suprema de Brasil. De hecho, 8 de los 11 miembros fueron nombrados bajo la administración del PT y el defensor del gobierno no utilizó ningún tipo de argumentación que pusiera en tela de juicio el carácter “constitucional” de la acusación. De hecho, citando a Polga (2016) y Mainstertredet (2008), reconoce que un impeachment es un grave daño a una determinada administración, pero resulta beneficioso al accountability político (como determinado actor rinde cuentas a otro) y a la estabilidad democrática del régimen, es decir, suaviza los efectos del presidencialismo.
Desde otra perspectiva, Verbitsky (2016) pone el foco en la hegemonía regional de Estados Unidos y el reflejo doméstico de una estrategia de debilitamiento de los movimientos políticos que obstaculizan la adopción de medidas “neoliberales”. De esta manera, el impeachment es un ejemplo de la “antipolítica” cuyo artilugio jurídico e ideológico son las acusaciones de corrupción. Estas acusaciones fueron transmitidas por los grupos mediáticos que también defienden los intereses de la gran burguesía transnacionalizada.
A nivel sistémico, la configuración regional está paulatinamente cambiando. Si en 2007 autores como Cividanes (2007) reconocían una lógica binaria entre neoliberalismo y antineoliberalismo a nivel discursivo, que se correspondía con los países más cercanos al ALCA y su lucha contrahegemónica, y los países de la incipiente Alianza del Pacífico respectivamente –no muy diferente de la separación binaria ofrecida por Russell y Tokatlian (2013) entre autonomía y aquiescencia-, ahora la elección de Macri como presidente, el giro ortodoxo de Dilma y su posterior separación del cargo y la crisis venezolana parece estar mutando el escenario regional. Todo ello con el agregado de que la elección de Michel Temer como presidente no es reconocida por Uruguay y los países miembros del eje bolivariano y es cuestionada por la OEA, Unasur, Chile y Paraguay.
Las unidades nacionales se están adaptando a estos cambios estructurales. A horas del impeachment y la asunción de Temer como presidente interino, la Cancillería Argentina sacó un comunicado que afirmaba respetar la no injerencia en los asuntos internos de otro estado. En el mismo momento, el ministro de Hacienda y Finanzas argentino, Alfonso Prat-Gay, definió que los cambios acontecidos en Brasil ayudarían a mejorar y relanzar las relaciones bilaterales y acelerarían la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE –cuestionada paradójicamente tanto por los pequeños industriales como por los sectores rurales concentrados (Ver Los problemas de la inserción comercial internacional)
Este giro en la política doméstica brasilera representa una modificación ineludible en el sistema regional abierta a varias interpretaciones. Por un lado, la posición argentina parecería ser hija de una decisión pragmática generada por la necesidad de cooperar, fruto de la vulnerabilidad de la estructura económica nacional a la salud de Brasil. Por otro, estos cambios promoverían la apertura más amplia en la negociación de acuerdos con otros bloques regionales.