Por Gustavo Insaurralde
Si se desliga el análisis particular de la relación entre el presidente y el Jefe de la Iglesia Católica, lo ocurrido con respecto a la fallida donación del presidente a una organización católica es un interesante puntapié para analizar el lugar que ocupa la Santa Sede como actor internacional y su posición como tal en la relación bilateral con nuestro país. Después de los Acuerdos de Letrán firmados en el año 1929, la Santa Sede tiene personalidad internacional, es decir, se lo considera sujeto de derecho internacional. No obstante, a su vez, este actor contiene tres sujetos de derecho internacional diferenciados: la Santa Sede, la Iglesia Católica y el Estado del Vaticano, las tres bajo el mando del Sumo Pontífice (Rossi, 2013). Entre estos sujetos existen diferencias: mientras la Iglesia Católica es una confesión religiosa y “sobrenatural que representa a los fieles de todo el mundo” (Rossi, 2013:13), la Santa Sede es la institución gubernamental que regla sobre el Estado del Vaticano, sede del gobierno terrenal de la Iglesia Católica. De esta manera, esta aproximación conceptual nos da una idea de la compleja subjetividad internacional que recae en la Santa Sede. Las estrategias internacionales que llevan a cabo los distintos estados nacionales consideran como primer punto tal atributo. Al mismo tiempo, debido a su calidad de actor religioso, el Vaticano tiene cierta influencia en un amplio rango de cuestiones domésticas. Las administraciones kircheristas fueron objeto de esta influencia. Durante sus primeros años, el perfil laicista del presidente Kirchner (2003-2007) ha servido como foco de conflicto para forjar una tensa relación entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica -congregada en la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) cuyo influyente presidente era Jorge Bergoglio. De hecho, la relativa ampliación de la capacidad estatal en espacios donde la Iglesia Católica tenía una fuerte presencia fue cuestionada por el actual Papa. (Yussef, 2013) No obstante, estas desavenencias finalizaron con el nombramiento de Bergoglio como Pontífice. Con estas modificaciones, las identidades domésticas argentinas formatearon sus principios y aprovecharon la revitalización de la doctrina religiosa. De esta manera, se realizó una adaptación doméstica de los principios católicos y se los sintetizó mezclando la Doctrina Social de la Iglesia, la preocupación por el medio ambiente y e actual sistema financiero, y la integración de un discurso postcolonial (Palma, 2013; Panotto, 2015). Como consecuencia, el formateo de estas identidades se basó en las consonancias de un fuerte discurso social. Con el advenimiento del nuevo gobierno, el Pontificado no mostró señales de apoyo. Desde el principio fueron notables las diferencias en la relación bilateral con el nuevo gobierno. De hecho, Mallimaci (2016) reconoce la conflictividad que existe entre la figura de Macri y el Sumo Pontífice en lo relativo a cuestiones sociales y económicas, ya que son figuras que se encuentran “las antípodas en la esfera política”. La nueva administración en el gobierno parece tener en claro la complejidad doméstica, internacional e ideológica que representa la relación bilateral con la Santa Sede. De esta manera, la administración de Cambiemos no tiene espacio de actuación simbólica para determinar estrategias propositivas de cooperación, en la medida que no sólo existen desavenencias personales con el jefe de la Iglesia Católica, sino también diferencias ideológicas y políticas que podrían afectar la base doméstica de apoyo al gobierno.