Por Gustavo Insaurralde
En una reciente entrevista del periódico inglés The Guardian, la Canciller Susana Malcorra ha reconocido que podrían reestablecerse los vuelos directos hacia las Islas Malvinas y que se debate la posibilidad de negociar un joint venture para la explotación petrolera de la zona. Aunque ha recibido el apoyo del gobierno de las Islas, el gobierno británico ha mostrado su reticencia.
La aproximación de la Canciller a la temática de las islas es la que ya parece característica de la administración Macri: incitar la negociación en temáticas específicas evitando la confrontación directa, estilo característico de la administración anterior. Como consecuencia, la política aplicada a Malvinas parece limitarse a procurar cambios en las medidas aplicadas a las temáticas asociadas a la Cuestión Malvinas, sin cuestionar el tema de fondo que es la soberanía. De esta manera, la cuestión Malvinas parece ser un tema permanente de la política exterior que siempre figura en la agenda pública y por lo tanto cualquier administración puede realizar un cambio de programa, pero más difícilmente –o no sin altos costos políticos- de problema. En otras palabras, mientras la cuestión Malvinas constituya un tema que contiene una elevada significación en la opinión pública, las diferentes administraciones pueden formular aproximaciones disímiles pero no cuestionar su relativa centralidad en la agenda pública, como acontece con la administración macrista.
Este cambio de programa se caracteriza por una aproximación pragmática pero que aprovecha las consecuencias materiales de la administración anterior. De esta manera, los isleños necesitan negociar condiciones menos onerosas en el trato de sus barcos en los puertos latinoamericanos. Esta prohibición y los problemas generados por el aumento de la plataforma continental, junto con su respectivo control, son las cartas de negociación que la Argentina tiene a la hora de sentarse a discutir soberanía. El problema aquí radica en la diferenciación de intereses y de identidades: los isleños discuten negocios y, por lo tanto supervivencia económica, Argentina y Gran Bretaña soberanía.
Lo interesante de la aproximación pragmática actual es darle continuidad a la complejidad de la diversidad de aspectos que incluye la cuestión Malvinas, con la idea de unir la conexión física (los vuelos) con la explotación económica conjunta (joint-ventures petroleros) en un discurso referente a la soberanía enraizado en temas de interés bilateral. Por ello, sería interesante preguntarse si este juego responde a los cambios de programa sobre una temática que no se puede evitar o una necesidad coyuntural de inversiones, en un contexto donde la crisis económica parece resignificar todos los dardos de la política exterior. Seguramente parte de ambas.
Aunque la Canciller habla de potencialidades, la negociación de joint ventures en materia hidrocarburífera y los vuelos directos podrían generar ciertos resquemores en la opinión pública y desdibujar los objetivos que han determinado la política exterior argentina en la materia. No obstante, paralelamente, representa un nuevo camino que incentiva el diálogo bilateral y la discusión sobre la soberanía.