Por Gustavo Insaurralde
Esta semana Mauricio Macri recibió a la presidente de la Confederación Suiza Doris Leuthard. El motivo de las sucesivas reuniones fue explorar el potencial existente para el inicio de las negociaciones entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) para un tratado de libre comercio. A su vez, otras temáticas forman parte de la agenda bilateral como la cooperación en ciencia e investigación, cooperación impositiva y derechos humanos, entre otras.
A diferencia de las relaciones con otros países europeos, la relación bilateral con Suiza muestra una profusa continuidad. Tanto la administración Fernández de Kirchner como la administración Macri han firmado sendos acuerdos de cooperación en ciencia y tecnología y en cooperación impositiva. De hecho, en 2015, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) firmó un convenio de cooperación bilateral que establecía la posibilidad de solicitar datos de cuentas de argentinos en Suiza, como así también la eliminación de la doble tributación. Esta actuación estuvo marcada por el ingreso argentino a la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (CMAAM) cuya esfera de actuación, limitada a los países europeos hasta 2010, implica una amplia gama de países con el objetivo de fortalecer la transparencia institucional de las finanzas internacionales.
A pesar de esta continuidad, la política exterior de la administración actual tiende a enmarcar su actuación siguiendo sus propios objetivos ulteriores. Más allá de la cooperación en ciencia y tecnología y el apoyo en espacios multilaterales a la agenda de derechos humanos, el grueso de la cuestión se juega en el fomento de las inversiones internacionales (Argentina es el tercer país que recibe inversiones suizas en América Latina), la dinamización de la estructura productiva argentina (con una balanza comercial superavitaria para nuestro país) y la firma de acuerdos multilaterales de comercio. Esta voluntad aperturista tiene espacio ya no en el acuerdo con la Unión Europea, de la cual Suiza no pertenece, sino también con la Asociación Europea del Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés, conformada por Noruega, Liechtenstein, Islandia y la propia Suiza).
De esta manera, la política exterior bilateral tiene un componente de fuerte continuidad pero bajo otros objetivos estratégicos. La pregunta a dilucidar es comprender si tales dinámicas tienen espacio y generan las modificaciones esperadas (recepción de inversiones, dinamización de la estructura económica, firma de tratados) que puedan cumplir las enormes expectativas de los actores implicados en el proceso.