Por Gustavo Insaurralde
El 01 de junio de 2017 se liberará toda la información sobre el caso Odebrecht, es decir, se harán públicas toda las declaraciones (muchas de ellas subidas a Youtube), documentos, correos y expedientes del caso de corrupción más grande de Brasil y que afecta a la mayoría de los países en la región.
Odebrecht, junto a otras empresas como Camargo Correa o Andrade Gutierrez, formó parte del conglomerado de compañías constructoras que se internacionalizaron y asentaron filiales en las diferentes capitales latinoamericanas. La estrategia de tales empresas ha sido fomentar la salida a los mercados latinoamericanos imponiéndose frente a competidores locales en los países donde no existen regulaciones de tratamiento nacional en concesiones nacionales o mediante la conjugación con socios locales. De esta manera, los casos de corrupción asociados están conectados no solo con una red de empresarios privados sino también, dado el carácter público de las obras, con importantes funcionarios de primera línea de las carteras de infraestructura o de transporte. Como consecuencia, en varios países de la región donde ya se hicieron públicos los coletazos del entramado de corrupción brasilera, se encuentran acusados varios ministros asociados a gobiernos en curso (Panamá, Colombia, República Dominicana, Venezuela) como funcionarios de anteriores administraciones (Perú, Ecuador).
Si englobamos el fenómeno Odebrecht dentro de una perspectiva analítica, la expansión regional de sus negocios parece responder a la dinámica global que Brasil intentó jugar en las administraciones de Lula Da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016). La estrategia globalista de Itamaraty se secundó a partir de una autonomía nacional construida a base de una hegemonía regional combinada por una propulsión económica (Brasil creció en PBI un promedio de 4% en ese período), política (políticas socialmente progresivas sin modificación del sistema de partidos políticos) y hasta simbólica con el Brasil como símbolo de pujanza y apertura global (con la organización del Mundial y de los Juegos Olímpicos como ejemplo paradigmático). En efecto, las compañías brasileras con ansias de internacionalizarse contaban con facilidades impositivas y de financiamiento con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) como pilar. Argentina no fue la excepción: la inversión extranjera brasilera representó el 8% siendo primera en la región y estuvo basada, a diferencia de otros países regionales, en una conjugación con la burguesía local y la compra de grandes empresas argentinas.
La causa Odebrecht es un tema de política exterior por dos motivos: en primer lugar porque conlleva la transnacionalización de la actuación de los Ministerios públicos nacionales. Para acelerar los pasos de traspaso de información relevante, en febrero de este año se firmó un acuerdo de cooperación interjudicial entre las fiscalías de diferentes países (muchos acompañaron éste con acuerdos bilaterales especiales). A su vez, el caso Odebrecht indefectiblemente afectará a la burguesía local pero, sobre todo, a funcionarios de la anterior administración y también del actual gobierno. Si comprendemos la política exterior como la conjugación del doble juego de la política doméstica y externa, este caso sin duda perturbará las oportunidades en política exterior, más en la medida que unos de los objetivos es fomentar la llegada de inversiones internacionales y la seguridad jurídica como la llave que abre todas las puertas.
De esta manera, como sucedió con el escándalo de los Panamá Papers, la política internacional no sólo se dirime a nivel gubernamental, sino que también las redes horizontales entre compañías y la cooperación entre fiscales o jueces parecen tener influencia en las dinámicas intermésticas.