Por Antonela Busconi
Una política exterior feminista puede definirse como un curso de acción externa guiado por el compromiso con la igualdad de género y que busca resolver los graves problemas derivados del patriarcado, la inequidad sexual y la estigmatización de las sexualidades diversas.
El caso de Suecia es emblemático porque fue el primer país del mundo en anunciar públicamente que llevaría adelante una política exterior feminista. La ministra de asuntos exteriores Margot Wallström aclaró que esta política exterior se basaría en el compromiso con la igualdad de género y en la inclusión de las mujeres que histórica y sistemáticamente han sido excluidas y olvidadas.
Podemos tomar algunos indicadores para identificar si una política exterior puede ser catalogada como feminista. En este caso, seleccionamos tres de ellos que responden a diferentes perspectivas del feminismo: presencia de mujeres en puestos ejecutivos o de altos mandos; compromiso con la igualdad de género y derechos de la mujer y; principal atención a mujeres refugiadas y/o en condiciones de vulnerabilidad.
Teniendo en cuenta estos indicadores buscamos identificar en la política exterior argentina, de la actual gestión, en qué grado o medida se cumplen.
Desde el feminismo liberal, se considera que la presencia de mujeres en puestos de liderazgo garantiza la pluralidad de voces en la toma de decisiones y el ejercicio efectivo del poder. En el caso de Argentina, la vicepresidencia es ocupada por una mujer, Gabriela Michetti y de los 20 ministerios nacionales sólo dos mujeres son ministras, Patricia Bullrich, en seguridad, y Carolina Stanley, en desarrollo social. El nivel de participación de las mujeres en los puestos de conducción política es bajo y, además, cuando las mujeres logran acceder a cargos superiores suele ser en áreas tradicionalmente consideradas femeninas (cultura, educación, ambiente, salud) de menor prestigio profesional y/o con menor nivel de jerarquía institucional.
Conforme al feminismo liberal así como también al feminismo antimilitarista o pacifista, el compromiso con la igualdad de género y la promoción de los derechos de la mujer contribuyen a una política exterior feminista. Esto debería verse reflejado en la ratificación de tratados internacionales orientados a la protección de estos derechos y a la erradicación de todo tipo de discriminaciones contra la mujer. Argentina ha ratificado importantes instrumentos jurídicos en esta materia, tales como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. El presidente Mauricio Macri, a principios de su mandato anunció un plan nacional para la erradicación de la violencia de género, aunque luego surgieron denuncias de recortes presupuestarios para su implementación. Asimismo, en marzo de este año proclamó un proyecto de ley para la igualdad de oportunidades en el trabajo, el cual se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados. En el marco de los derechos sexuales y (no) reproductivos, se está debatiendo en la Cámara de Senadores el proyecto de ley para la legalización y despenalización del aborto que ya tiene media sanción de Diputados.
Si bien se trata de medidas significativas que reflejan los derechos protegidos por las convenciones mencionadas, todavía no existen resultados o logros evidenciables de las mismas. A su vez, las políticas de ajuste que se vienen implementando en los últimos meses perjudican principalmente a las mujeres por lo que existiría una contradicción entre las políticas que se anuncian para promover la igualdad de género frente a un recorte presupuestario de programas de asistencia teniendo en cuenta que son las mujeres las que se encargan, en su gran mayoría, de las tareas de cuidado en su entorno doméstico y familiar a los que estos programas están dirigidos. Por otra parte, la fuerte influencia de sectores conservadores y de la Iglesia siguen constituyendo un obstáculo sobre todo para la concreción de los derechos sexuales y reproductivos.
El feminismo interseccional sostiene que una política exterior es más feminista si está dirigida a erradicar cualquier forma de opresión y dominación, prestando particular atención a los grupos marginalizados en razón de su raza, etnia, clase social y/o religión. Específicamente, nos centramos en las leyes y requerimientos para la concesión de refugio con perspectiva de género. Argentina es signataria de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y ha implementado programas que brindan un tratamiento diferenciado a aquellas personas, en situación de refugio, que han sufrido discriminación y violencia por su condición de género u orientación sexual. No obstante, durante la administración de Macri se detectan demoras para dar inicio al trámite, generando que las personas solicitantes de asilo permanezcan en una situación migratoria irregular, lo cual atenta contra la protección internacional. A esto se debe agregar las dificultades en la implementación de los programas que deberían garantizar la inclusión social de las personas refugiadas. Dicha situación perjudica esencialmente a mujeres y niños ya que representan el 80% de la población refugiada a nivel mundial.
Suecia se está encaminando a convertirse en una potencia feminista. Esto se refleja en su compromiso en la prevención de la violencia de género en el contexto de emergencias humanitarias (en especial, en África), en la participación de las mujeres en procesos de paz (por ejemplo, en Colombia), en la inclusión de una perspectiva feminista en el tratamiento de asuntos como el desarme y la no proliferación en diversos foros mundiales, en la ampliación efectiva de recursos para la cooperación en temas tales como los derechos humanos de mujeres y niñas, entre otras.
Es posible y viable implementar una política exterior con perspectiva de género. Argentina podría proyectarse como un referente regional en la promoción y defensa de los derechos de la mujer y diversidad sexual, ya que no sólo posee leyes vanguardistas e integrales en esta materia y es signataria de los principales tratados internacionales que los protegen, sino también porque las organizaciones de mujeres y feministas argentinas tiene unos de los activismos más potentes de la región. En tal sentido, las luchas han traspasado las fronteras, contagiando los reclamos y movilizaciones al resto de los países latinoamericanos.