Por Antonela Busconi
En el marco de la decimotercera Reunión del Grupo de los 20 (G20) que tendrá lugar a fines de noviembre en Argentina, los primeros días de octubre se realizará en el Centro Cultural Kirchner la Cumbre del Women 20 (W20), grupo de afinidad del G20.
W20 es una red transnacional que reúne a mujeres líderes de la sociedad civil, los negocios, emprendimientos y think thanks. Su objetivo es influir en la agenda de los grupos de toma de decisión del G20 a fin de realizar recomendaciones no vinculantes para incrementar la participación de la mujer en las economías y sociedad de sus países.
Se establecieron 5 ejes de trabajo: inclusión laboral, inclusión digital, inclusión financiera y desarrollo rural, cuyos resultados serán las bases de las recomendaciones finales.
Centrándonos en la inclusión laboral, la meta se orienta a mejorar la calidad de vida de las mujeres urbanas y rurales mediante la generación de condiciones que aumente su participación en el mercado de trabajo en condiciones de equidad. Frente a este objetivo, resulta interesante dar una mirada general a la región para determinar cómo pueden impactar las recomendaciones que surjan de la Cumbre W20.
En América Latina, las mujeres tienen una participación más restringida en el mercado de trabajo, sufren mayores niveles de desempleo, mayor precarización laboral, sus salarios son menores a los de sus pares varones, brecha que se amplía para quienes están precarizadas. Situación similar ocurre en el sector rural donde la feminización de la precariedad laboral de las mujeres reviste de mayor gravedad ya que las mismas ingresan a un mercado de trabajo donde el empleo es de muy mala calidad para todas las personas.
De igual modo, las poblaciones indígenas y afrodescendientes son las más pobres y vulnerables en la gran mayoría de los países de la región. Tienen bajos niveles educativos, limitado acceso a la protección social, empleos precarios y una mayor probabilidad que sus ingresos estén situados bajo la línea de pobreza. Estas condiciones empeoran para las mujeres puesto que encuentran mayores obstáculos para salir de la pobreza, proporcionar bienestar a sus familias y garantizar su autonomía. A todo esto se suma el hecho de que pertenecen a una población diferente de la dominante. Por tanto, las discriminaciones de género y étnico-raciales se combinan y potencian, ocasionando estructuras de exclusión social que influyen en los patrones de inserción laboral y pobreza.
No podemos dejar de mencionar el trabajo doméstico ya que el mismo concentra el 15,3% de la fuerza laboral femenina en la región. A pesar de la importancia que el trabajo doméstico implica para las familias y sociedad, es una de las actividades que registra mayores niveles de informalidad. Vinculado a ello, el nivel de remuneraciones de las trabajadoras domésticas es muy bajo, lo que se refleja en la poca valoración social y económica que se asigna a esta ocupación.
El trabajo doméstico y las tareas de cuidado no remuneradas son otras de las cuestiones que revisten de mayor importancia. Específicamente en Argentina, las mujeres realizan el 76% de estas actividades, lo cual constituye una gran fuente de desigualdad puesto que las extensas jornadas de trabajos no pagas condicionan y, en muchos casos imposibilitan, el poder trabajar en el mercado remunerado. Esta situación de desigualdad se replica en todos los países de la región, incrementándose para las mujeres negras, migrantes, indígenas, trans, etc.
Finalmente pero no menos importante, son las dificultades que enfrenta el colectivo LGBTTTIQ para acceder al empleo formal. En América Latina y el Caribe, las personas de este colectivo continúan enfrentándose al estigma, a la discriminación y al rechazo social generalizados. Argentina ha sido vanguardista en esta materia, con la ley de identidad de género que mejoran en gran medida su calidad de vida. No obstante, según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el 90% de las personas trans no está incorporada al mercado de trabajo formal, además, el 73% no completó el secundario. A esto se suma el hecho de que el 25% de las denuncias por discriminación que recibe el INADI, por parte de este colectivo, se relaciona con el ámbito laboral, lo que da cuenta que sus derechos siguen estando relegados.
Argentina tiene la posibilidad de lograr un aporte significativo en la agenda del W20, sobre todo por los avances que en políticas de igualdad de género ha tenido en los último años, así como los debates y movilizaciones de otras cuestiones de igual relevancia en estos últimos meses. Es necesario que se incorporen temas inclusivos, que reflejen la realidad de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, de igual forma que se tomen en consideración las propuestas y sugerencias de ONG´s que conocen de cerca la situación de las mujeres, sobre todo de aquellas en situación de vulnerabilidad. Todo ello con el fin de que las recomendaciones finales del W20 contribuyan a un modelo económico inclusivo aunque no sea la realidad de la mayor parte de las naciones del G20.