Por Antonela Busconi
Como establece la Prof. Mónica Salomón, una de las áreas de investigación de la política exterior con enfoque de género está orientada a analizar los efectos deseados y diferenciados de una política exterior que no es sensible al género. Un ejemplo de este tipo de análisis sería evaluar los efectos que las políticas de ajuste estructural de organizaciones internacionales tienen sobre las poblaciones más vulnerables, entre ellas, las mujeres que son las principales afectadas por este tipo de medidas.
En junio de este año, el gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron un programa stand by, durante 36 meses, por U$S 50 millones con el fin de establecer un puente financiero para llegar al año 2019 con cierta estabilidad económica. En el documento Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) se detallaron las condiciones del acuerdo y se incluyen los objetivos de la política monetaria y las metas de reducción del déficit fiscal, dentro de las cuales se mencionan aquellas destinadas a abordar las inequidades de género.
Bajo el título “Apoyo a la equidad de género”, se enumeran la reducción de desincentivos tributarios para la participación de las mujeres en el mercado laboral, promover igualdad en salarios y licencias, infraestructura para el cuidado de niñes y educación para la primera infancia, erradicar la violencia de género y que las empresas que cotizan en bolsa publiquen “el equilibrio de género” en sus directorios.
Las políticas de ajuste y reformas que el gobierno de Argentina está llevando a cabo para cumplir con el acuerdo del FMI no sólo impiden resolver las desigualdades que afectan a las mujeres sino que las profundiza. El recorte del gasto público sobre la salud y educación afecta a sectores altamente feminizados, precisamente porque se trata de ámbitos, por una lado, donde el 70 % de les trabajadores son mujeres y, por otro, porque están ligados estrechamente a las tareas de cuidado que cuando no recaen sobre el Estado, recaen en las mujeres.
Históricamente, los organismos internacionales se han apropiado de consignas feministas con el fin de acomodarlas a sus objetivos económicos. En la década de los noventa, las instituciones financieras internacionales llamaban al empoderamiento de las mujeres a través de las microfinanzas, esto es el acceso a microcréditos, transfiriendo la responsabilidad de reducir la desigualdad de género a las propias mujeres.
En sintonía con ello, la reducción de la brecha salarial, al cual apunta el Memorándum presentado al FMI, es sólo un aspecto de la desigualdad en el mercado. Más aún, la asistencia financiera del FMI excluye el trabajo no remunerado en el diseño de sus políticas macroeconómicas. El trabajo doméstico o no remunerado cumple un rol indispensable en la reproducción social y el bienestar humano, ya que provee a las economías capitalistas de la fuerza laboral que hace posible su funcionamiento. En función de ello, la brecha salarial existe porque hay desigualdad en el hogar; en la medida que no se distribuyan de manera equitativa las tareas de cuidado, que son asumidas mayoritariamente por mujeres, no será posible lograr la igualdad de género en ningún aspecto.
En consecuencia, las medidas orientadas a promover la participación de mujeres en el mercado no serán efectivas puesto que mientras la crisis económica perdure y las tareas de cuidado sigan recayendo sobre las mujeres, los puestos de trabajo al que podrán acceder las mismas serán por jornadas reducidas y en condiciones de precariedad. Mientras el trabajo doméstico no sea remunerado, la lógica del mercado no resolverá las desigualdades.
La políticas de género anunciadas desde que asumió el actual gobierno y la reciente a apertura de la Oficina de ONU Mujeres en nuestro país, con el fin de desplegar el programa “País por la igualdad” que tiene como uno de sus objetivos incluir plenamente a las mujeres en el mercado laboral, no se condicen con el panorama desalentador que se nos presenta, ya que lejos de lograr reducir la desigualdad, las políticas macroeconómicas anunciadas están destinadas a profundizar el empobrecimiento de las mujeres y la vulneración de sus derechos básicos.