Por Agustin Albini
El principio de no intervención de los Estados en asuntos internos es un principio general del derecho ínsito en la Carta de Naciones Unidas. A través del mismo, y luego de la Segunda Guerra Mundial, se procuró evitar las presiones y la injerencia de otros Estados en materias que atañen sólo al Estado que le acontecen. Aunque cabe mencionar los límites del mismo en función de las acciones colectivas en virtud del capítulo 7 de la Carta. Además, es de reconocer, que este principio ha sido profundamente debatido a lo largo de su historia en la organización como producto de las intervenciones unilaterales de algunos miembros, como ser el caso de Estados Unidos.
En tal sentido, la República Argentina ha sostenido una tradición de afirmar este principio de no intervención, aunque no exenta de debate interno al respecto. Este debate nacional ha incluido las acciones del Consejo de Seguridad en virtud del capítulo 7 y sus implicancias en el principio de no intervención no injerencia. Entre algunos ejemplos que se pueden mencionar la Doctrina Calvo – que establecía el sometimiento de personas extranjeras viviendo en otro territorio a los tribunales locales, sin posibilidad de recurrir a presiones diplomáticas o armadas de su propia patria- y la Doctrina Drago – buscaba prohibir la intervención armada para el cobro de una deuda-. Sin embargo, esta firme defensa de este principio poco a poco fue deteriorándose. La condena al régimen cubano y el rompimiento de relaciones con éste en 1964 durante el gobierno de Arturo Illia, o el envío de tropas a la Primera Guerra del Golfo durante la presidencia de Carlos Menem, representan este paulatino abandono de la política de no intervención.
Así es como no resulta novedoso que el presidente en funciones, Mauricio Macri, haya decidido reconocer al autoproclamado gobierno provisional de Juan Guaidó, solicitando el establecimiento de prontas elecciones, coincidente con su posición crítica de largo plazo con el gobierno de Nicolás Maduro y la situación venezolana. A tal fin, y en concordancia con los discursos de Trump, que ha calificado de “dictador” a Maduro, Macri ha fundamentado su respaldo a Guaidó en redes sociales, al defender lo que llama un “restablecimiento de la democracia, a través de elecciones libres y transparentes, con plena vigencia de la Constitución y la participación de líderes de la oposición”. En el mismo orden de acontecimientos, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha reconocido también a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
De cualquier modo, junto con los antecedentes mencionados, es importante recordar que el debate sobre el deber de injerencia, en contraposición a la lectura convencional del artículo 2 inciso 7 de la Carta, tuvo desde los años noventa su auge. Esta lectura responde especialmente a situaciones humanitarias y se invocó en diversos casos como la situación en el Kurdistán iraquí, así como en Somalia, Bosnia-Herzegovina, Liberia, Sierra Leona y Kosovo.
En tal sentido, Macri ha reconocido a Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela, seguidamente de que Estados Unidos lo realizara. Este reconocimiento obedece a los intereses de Macri, tanto de alejarse de los gobiernos del giro a la izquierda como de sostener una buena relación con Estados Unidos que le permita acceder a inversiones, además de ser considerado un aliado de primordial relevancia. Por otra parte, existe una amplia discusión respecto a los intereses geopolíticos de Estados Unidos sobre Venezuela. Intereses que lo llevaron a sanciones, así como una retórica contraria al gobierno de Hugo Chávez, primero, y luego de Nicolás Maduro. Estos intereses geopolíticos, más que corresponder a las fuentes venezolanas de petróleo – en la actualidad Estados Unidos es el principal productor de crudo del mundo – se deben a la retórica antiimperialista sostenida por los gobiernos venezolanos de Chávez y Maduro, así como las presencias china y rusa en el país caribeño, que Estados Unidos busca contrarrestar.
En este orden de cosas, Argentina ha sentado clara posición al respecto, tanto del conflicto interno como de la disputa global. Esto no significa que su oposición haya sido expresa contra Rusia y China, países con los cuáles mantiene buenas relaciones políticas y comerciales, pero ha escogido otro lado en esta disputa. Para ello, ha hecho una relectura del principio de no intervención. La propuesta de México y Uruguay, un comunicado conjunto que insta a las partes del conflicto interno venezolano al diálogo y a la resolución pacífica, es más cercana a la interpretación tradicional del principio de no intervención, y por tanto, representa una alternativa a la postura del Grupo de Lima junto con EEUU.
Las profundas diferencias actuales entre los gobiernos latinoamericanos han limitado las posibilidades de articulación de una posición conjunta, tanto como el recurso a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para la formulación de una solución regional para Venezuela.
Al respecto, entonces, se puede concluir que la lectura que realiza Argentina del principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados aplicado al caso venezolano se vincula con la cooperación en el Grupo de Lima que reúne países con actuales afinidades ideológicas. Así como, con la postura que asumió la administración Trump y a contramano de una posible solución subregional del caso.