Por Mariana Aiub Robledo
El pasado 11 de febrero desembarcó en nuestro país una delegación del Fondo Monetario Internacional, con el fin de desarrollar una auditoría de las cuentas nacionales, revisando la marcha del programa económico impulsado desde la Casa Rosada.
Esta misión, encabezada por Roberto Cardelli, se reunió con funcionarios del gobierno y del Banco Central, como también con representantes del sector privado, la sociedad civil y personalidades de la oposición. Es la tercera revisión trimestral que se lleva a cabo en el marco del Acuerdo Stand By de 36 meses firmado por Argentina y el organismo internacional en junio de 2018. El mismo puede entenderse como el resultado de la reanudación del vínculo entre ambas partes, a partir de que Cambiemos asumió la Presidencia, en diciembre de 2015.
En el centro del acuerdo mencionado se encuentra “una política fiscal destinada a fortalecer su posición fiscal y contar con un presupuesto sostenible y adecuadamente financiado, una política monetaria fuerte centrada en la reducción de la inflación, una política de tipo de cambio flotante sin intervención”, según aseguró la titular del FMI, Christine Lagarde. Además, entre lo mencionado por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se pretende alcanzar el equilibrio fiscal en 2019 y un superávit primario del 1,0% del PBI en 2020.
A partir de esto, el FMI se comprometió a realizar un préstamo al país por un total de u$s 57.100 millones en un plazo de tres años. Durante la primera visita, en junio del año pasado, el organismo internacional realizó un desembolso de u$s 15.000, que junto a los u$s 5.700 millones en octubre y los u$s 7.600 en diciembre, sumaron u$s 28.300 millones, que constituyen casi la mitad del total de lo acordado. La tercera auditoría llegó a su fin el pasado viernes 22 de febrero, con resultados positivos en el marco del acuerdo firmado y habiendo corroborado el alcance de las metas propuestas. A pesar de advertir acerca del peligro que representa el proceso inflacionario para el país, Cardelli sostuvo que se comenzará a percibir una recuperación gradual a partir del segundo trimestre del 2019. Por lo tanto, el directorio del FMI aprobaría un nuevo desembolso para nuestro país en el mes de marzo.
Ciertamente, el acuerdo con el FMI ha sido uno de los puntos más criticados de la gestión de Cambiemos, y que vuelve a tomar relevancia en el contexto de un año electoral. En esta oportunidad, al gobierno nacional le tocará hacer frente a las exigencias del organismo financiero, que giran en torno a políticas de ajuste tales como la reducción de subsidios y la suba de tarifas, el avance en la reforma laboral y el sistema impositivo, que son claves para la habilitación de los sucesivos desembolsos del préstamo. Y por el otro, a una sociedad disconforme con el plan económico actual, sujeta al constante avance de los índices de inflación, a una economía nacional en recesión y a la desvalorización de los salarios, y cuya opinión será definitoria en los comicios de octubre.